La Necesidad de Regular la Publicidad Oficial

(Texto publicado en el Blog Anticensura de ARTICLE 19 Oficina para México y Centro América en el Universal  el 31 de marzo 2011 http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle13619.html )

Los recursos públicos deberían de ser administrados “con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados” esto lo marca la Constitución Política en México, la máxima ley en el país. Para que esto pudiera verse reflejado y aplicado es necesario contar con legislación que establezca criterios claros y transparentes sobre la materia y un regimen de sanciones, lo que no sucede cuando hablamos de publicidad oficial.

En México no hay lineamientos claros en la asignación y distribución de la pauta publicitaria que compra el Estado para difundir sus mensajes. Esto favorece la discrecionalidad y el uso de criterios ambiguos sobre el contenido de dichos mensajes, que sólo resaltan lo que se consideran logros de sus administraciones pero no proveen de información que permita que las personas cuenten con datos básicos para ejercer sus derechos. Por ello es evidente la necesidad de contar con normatividad tanto a nivel federal como local para regular la producción, distribución y control de la publicidad del sector público. De esta manera, nos acercaríamos a garantizar que se cumpla su función primordial, la de informar sobre los actos de gobierno y comunicar cuestiones de interés público.

En los últimos cinco años el gobierno federal ha gastado más de 18 mil millones de pesos en publicidad oficial, de los cuales solamente tenía aprobados en el presupuesto 6 mil millones. Ello refleja la necesidad de contar con una legislación que regule el gasto y evite los excesos en la compra de publicidad oficial pero también la de establecer mecanismos para sancionar sus abusos.

Todas las y los ciudadanos tenemos derecho a conocer la gestión de nuestros gobernantes, a conocer la información relevante para la toma de decisiones en el ejercicio de nuestros derechos, y también a saber sobre los gastos efectuados en la publicidad oficial, que debería ser utilizada para proveernos de información que impacta en nuestra sociedad.

Para promover la necesidad del debate y evindeciar los gastos excesivos de los recursos públicos, Fundar y ARTICULO 19 lanzaron la página www.publicidadoficial.com.mx

La Publicidad Oficial es de Interés Público

(Texto publicado en el Semanario  el 25 de marzo 2011 http://www.elsemanario.com.mx/news/print.php?story_id=57119)

La publicidad oficial cumple un rol fundamental en la relación entre gobernantes y gobernados: la de mantener informada a la ciudadanía. Además, es un recurso público que debería de ser gastado bajo criterios de efectividad, eficiencia e idoneidad. La comunicación gubernamental, es decir esta información del Estado mexicano emitida y difundida por canales comerciales y/o públicos, debe de ser de interés público. Esto no ocurre en nuestro país y existen varios ejemplos tanto a nivel federal como en las entidades federativas.

Aunque no hay una definición exacta de lo que es el interés público, hay varios esfuerzos para poder definir este concepto “como  aquello que es relevante para la mayoría de una comunidad específica, en un tiempo económico, político y social determinado y que por tanto es susceptible de ser tutelado por el Estado”1. 

Esto significa que el interés público está en constante transformación y debe ser entendido de acuerdo a las circunstancias y necesidades de ese momento sin caer en el relativismo. Desde una lógica de los derechos humanos podríamos definir la información de interés público como toda aquella que posibilite, garantice o afecte el ejercicio pleno de los derechos humanos de una población definida. 

Los mecanismos y canales de comunicación que las autoridades diseñen e implementen para difundir sus mensajes y así cumplir con su obligación de socializar la información, cobran mayor relevancia cuando se comunican derechos humanos. La información clara, precisa y oportuna ayuda a la ciudadanía a participar activamente en las decisiones que le atañen, benefician y afectan para asegurar el pleno ejercicio de otros derechos fundamentales. 

Muchos de los gobernantes no han reconocido, o no quieren reconocer, que la información que difunden a través de canales comerciales debe estar relacionada directamente con su gestión como autoridades. 

En México no hay leyes que establezcan con claridad cuáles son los parámetros que definan cuál es la información que debiera contener la comunicación gubernamental o la asignación de la pauta publicitaria. Los lineamientos expedidos por la Secretaría de Gobernación (que sólo aplican al Poder Ejecutivo), al igual que el Presupuesto de Egresos de la Federación, tienen vigencia de un año y no establecen un procedimiento de distribución de la publicidad competitivo, abierto, transparente y público. La falta de reglas claras da lugar a una excesiva discrecionalidad y arbitrariedad en su distribución. Esta situación no solo ocurre a nivel federal, sino que se agrava en las entidades federativas.

Con datos del gasto reportado en publicidad oficial para 2009 en Zacatecas se gastaron 63.38 pesos por cada habitante; en Quintana Roo el gasto fue de 38.72; en Puebla de 27.29 y en el Estado de México de 8.32. No conocemos a qué responde este tipo de criterios, pero los gobiernos deberían de estar obligados a informarlo.

En el Estado de México, el gasto en publicidad oficial en los últimos años se ha concentrado en una sola empresa: Televisa, misma que recibió, en 2007, 42% del total del presupuesto para comunicación del gobierno del estado; en 2008 y 2009, el porcentaje fue de 49%. Y junto con TV Azteca, durante esos tres años representaron 64% del total del presupuesto. Las dos terceras partes de la comunicación gubernamental se concentran en la televisión y casi la mitad en una empresa. Esto contraviene al principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública… la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial… con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”. 

En el estado de Veracruz toda la información relacionada con la comunicación social del gobierno estatal, incluyendo aquella sobre publicidad oficial, se ha clasificado como reservada. Su argumento se fundamentó en que el proporcionar información con respecto a los medios a los que se asigna la publicidad del estado traería como consecuencia una ventaja indebida entre ellos, de acuerdo con los principios económicos que rigen la ley de la oferta y la demanda, como el derecho de competencia y el dumping. Es por esto que, después de seguir los procedimientos administrativos que marca la ley, Artículo 19 y Fundar tuvimos que recurrir al amparo directo ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. Actualmente, y después de más de ocho meses, seguimos en el proceso de litigio para poder acceder a este tipo de información que debería ser pública y accesible. El estado de Chiapas también tiene como reservada la información de distribución de pauta publicitaria por parte del gobierno.

Es necesaria una legislación para la asignación de la publicidad oficial tanto a nivel federal como en las entidades federativas. Dicha legislación tiene que establecer criterios claros para asignar los recursos y garantizar que los derechos humanos de las audiencias sean promovidos y comunicados utilizando los medios idóneos para hacerlo. La publicidad oficial no sólo es un recurso público, sino que también cumple la función de mantenernos informados como ciudadanos. 

1 Huerta, Carla, “El concepto de Interés Público y su función en materia de Seguridad Nacional” disponible en red en:  http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2375/8.pdf, p. 26

Solidaridad y Confianza ausentes en el gremio periodístico

(Texto publicado en el Blog Anticensura de ARTICLE 19 Oficina para México y Centro América en el Universal  el 10 de marzo 2011 http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle13473.html )

Desde hace más de 4 años desarrollamos junto con Cencos la metodología para el registro y documentación de agresiones a periodistas que tiene como base los derechos humanos y las violaciones a la libertad de expresión. Hemos podido escuchar testimonios de víctimas, colegas y sus familiares a lo largo y ancho del país. No es menor que desde 2007 hayamos contado 30 asesinatos de periodistas que podamos relacionar con su trabajo periodístico y 717 personas agredidas.

Durante el mismo periodo de tiempo hemos escuchado las voces de organizaciones tanto nacionales como internacionales de periodistas y de derechos humanos y hasta nosotros preguntándonos ¿Por qué las y los periodistas no se unen? ¿Qué pasa con la solidaridad gremial? ¿Qué tiene que pasar para que reaccionen y se organicen?

Para nadie es ya algo nuevo que el contexto de violencia que vivimos cada vez es más tangible y que esto sin duda ha afectado al ejercicio periodístico. En algunas regiones del país se convive con la violencia desde hace ya muchos años, pero para otras zonas del país esto es un hecho sin precedentes que toma por sorpresa y desprevenidos sin saber cómo reaccionar. La lentitud de las empresas informativas y de los periodistas para adoptar una política de prevención contra ataques y de protección es abrumadora (véase Medios de comunicación y su papel en la protección del ejercicio periodístico. Informe entre la Violencia y la Indiferencia 2009).

Ante este panorama desolador hay indicios de que las cosas pueden cambiar. Desde el año pasado se han hecho cada vez más visibles los grupos de periodistas que se organizan sobrepasando los intereses personales y la competencia informativa y comercial de las empresas periodísticas. Estos ejercicios de “dialogar entre periodistas” para buscar fortalecer su seguridad se han convertido en acciones indispensables para seguir cumpliendo su labor social que es la de informar a la ciudadanía.

El 2010 fue un año que nos dejó un inédito acto cuando los periodistas alzaron la voz en un movimiento que surgió en Twitter #losqueremosvivos y se materializó en varias marchas alrededor del país. A ese hecho sin precedentes deberían seguir acciones cada vez más fuerte que eleven el costo político de todas las autoridades, en los diferentes niveles de gobierno, que a lo largo de los años han mostrado una ineficacia, negligencia y aquiescencia que ha fortalecido la impunidad en los casos de periodistas asesinados. La violencia golpeó a Morelos recientemente y que como comentan periodistas de la entidad la violencia se agravó a finales de diciembre de 2009. Esto después de que la Secretaria de Marina implementara un operativo en el que durante el enfrentamiento murió Arturo Beltrán Leyva.

Ante este contexto un grupo de periodistas de Morelos decidieron formar La Red Mexicana de Reporteros. El interés traslapado de todos sus miembros los ha llevado a buscar la forma de capacitarse, informarse y defenderse ante las amenazas y agresiones que han sufrido. Es gracias a su organización y trabajo que han denunciado agresiones como las de Rolando Marbán Marbán y las recientes de en contra de Oswald Alonso Navarro y Marco Antonio Vallejo . Gracias a su pronta reacción y coordinación recibieron apoyo y solidaridad de varias organizaciones civiles tanto para hacer su denuncia pública como para hacer presión para que el Estado mexicano respondiera y brindara algunas medidas de protección. Su compromiso y organización es algo de lo que se puede aprender mucho.

La solidaridad y confianza es un elemento esencial si queremos revertir la violencia contra la prensa y cuidar el derecho a la información de la sociedad nacional. Aquí aplica el viejo adagio que dice “divide y vencerás” a nadie más beneficia que la información no fluya que aquellas personas con intereses de mantener a la sociedad desinformada, a los periodistas desorganizados y callados. Comenzamos a ver cada vez más esfuerzos de periodistas por organizarse y protegerse, lo que nos queda a las organizaciones de derechos humanos y de periodistas es seguir apoyando a los ya existentes y alentar a que sigan sus pasos.

Recursos públicos para propaganda personal

(Texto publicado en la Revista Etcétera Edición 124 de marzo 2011 http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=6934&pag=2 )

Ya lo decía Jorge Zepeda Patterson en Los Intocables “Tener un país democrático integrado por un pacto federal suscrito por entidades libres y soberanas parece una espléndida idea. O lo era, salvo que los beneficiados han sido Ulises Ruiz, los Mario Marín y una enorme lista de gobernadores que parecen competir entre sí en ocurrencias, deslices, felonías y capacidad para salirse con la suya”.

Hemos visto en los últimos años el empoderamiento de los gobernadores que en algunos casos consideran a los recursos públicos como patrimonio propio. Y quienes además de guardar celosamente el gasto en publicidad oficial y su asignación, han utilizado recursos para hacer propaganda personal.

Los recursos públicos no deberían tener como fin destacar logros de gestión, sino informar sobre los actos de gobierno y comunicar cuestiones de relevancia pública. Esto quedó asentado en la reforma constitucional en 2007, específicamente Artículo 134: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Encontramos una cultura enquistada de abuso persistente por parte de funcionarios que manipulan la distribución de publicidad en función de objetivos políticos y personales, en franca violación a las normas internacionales y regionales de libertad de expresión. Hemos sido testigos de cómo las entrevistas o reportajes pactados, la inclusión de “infomerciales” en noticieros o las menciones sobre acciones de gobierno en telenovelas y series (“publicidad integrada” o “publicidad encubierta”) es una forma de “darle la vuelta” a la legislación existente.

Aunque la diferencia entre comunicación oficial y propaganda personal haya sido delimitada en la normatividad, varios gobernadores han utilizado de forma “ingeniosa” no sólo recursos destinados a comunicación social para publicitar acciones y programas que legitimen su proceder o mejorar su imagen, sino que también han echado manos de otros recursos. 

Construir una imagen: Enrique Peña Nieto 

De acuerdo con la información del diario Reforma¹, el gobernador difundió un spot a nivel nacional de su Quinto Informe con una duración de 30 segundos en Televisa transmitido el 7 de septiembre de 2010 durante el horario de la telenovela “Soy Tu Dueña”, con un costo de 640 mil 611 pesos, equivalentes a casi 30 años de salario mínimo. Mientras que un spot contratado con Televisa Estado de México, de sólo difusión a nivel regional, en el horario de la misma telenovela costó 9 mil 492 pesos. Es decir, el gobierno de Peña Nieto gastó 67 veces más para difundir su informe a nivel nacional que lo que le hubiera costado transmitir el anuncio de su informe a una audiencia en su estado.

El Instituto Federal Electoral sancionó a Peña Nieto por violar el Artículo 134 de la Constitución y bajo el artículo 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que establece que los servidores públicos podrán difundir propaganda como parte de su informe anual siete días antes de la fecha de éste y cinco días después además de que la promoción debe hacerse en los límites de la región que se gobierna.

De telenovelas y Spots

El gobernador de Jalisco ya ha sido señalado anteriormente por su “generosidad” con las empresas televisoras muy a pesar de contar con un presupuesto asignado para publicidad oficial. En junio de 2007 el ejecutivo estatal utilizó 67 millones de pesos del rubro “fondo de imprevistos”, destinados a emergencias sociales para subsidiar a Televisa en la realización de un evento de la empresa denominado Espacio 2007. Al final de ese año también bajo el pretexto de difundir imágenes de Jalisco canalizó 38 millones a Televisa y en específico a su telenovela “Las tontas no van al cielo”. Y de acuerdo a Alejandro Almazán con datos que aparecieron en 2008 en la Revista Emeequis también canalizó 7.7 millones a TV Azteca.

Siguiendo la misma estrategia que Peña Nieto y con la intención de promover su Cuarto Informe de gobierno emitió una serie de spots a nivel nacional; recordemos que el gobernador ya ha externado su intención de competir por la presidencia de la República.²

El costo de limpiar su imagen: Mario Marín

La llamada que fue filtrada a la prensa durante 2006 entre el gobernador del estado de Puebla y el empresario textil Kamel Nacif, lo que le valió el mote de “Góber Precioso”, le hizo perder credibilidad y puso en evidencia el modo de gobernar del funcionario.

Ante estos hechos Marín aumentó casi 45 millones de pesos el gasto en publicidad oficial para ese año en comparación con el anterior. Con lo que llegó a 1 billón de pesos en este rubro para el sexenio completo. 

Otro ejemplo que podemos enunciar de opacidad en la asignación de recursos públicos para la pauta publicitaria es la respuesta a una solicitud de información hecha por ARTICULO XIX y Fundar sobre “…el gasto total ejercido por el Gobierno de Veracruz en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 en comunicación…” La información fue negada bajo el argumento de que ésta se encuentra “…en la modalidad de reservada y confidencial…”. Los recursos públicos no deberían de ser reservados y la asignación de publicidad oficial además de tener criterios y lineamientos claros debería seguir el principio de máxima publicidad.

Muchos servidores públicos no ven que la publicidad oficial es una de las herramientas con la que cuentan los gobiernos para avanzar en la realización del derecho de información. Que estos recursos públicos podrían utilizarse para promover el derecho a la información de quienes son afectados o beneficiados por las acciones, planes y programas gubernamentales y así informar sobre los derechos de las personas, para conocer las leyes y de esa manera promover la participación informada de la ciudadanía.

La colocación de la pauta debe tener como principal consideración la efectividad del mensaje, es decir, que éste llegue al público que debe impactar. Ello significa que el criterio no debe ser sólo la circulación o el rating. De ahí la necesidad de garantizar la diversidad de medios y pluralismo de voces.

La discrecionalidad y arbitrariedad con que se distribuye la pauta, principalmente en los gobiernos locales y municipales, ha viciado de manera profunda la relación entre los medios de comunicación y las entidades de gobierno. Ha dado paso a una dinámica de presiones mutuas y de “valores entendidos”. La posibilidad de “negociar” la pauta publicitaria inhibe el rol social que los medios de comunicación deberían cumplir en una sociedad democrática y promueve la autocensura.³

La información es una de las bases para el ejercicio democrático del poder, basado en la publicidad de los actos de gobierno, más que de sus gobernantes, y en la transparencia de la administración. La publicidad pública se puede entender como una condición de visibilidad de la acción administrativa. Y su intención es la de permitir integrar a la sociedad civil en el Estado, reduciendo así la enorme distancia que hay entre gobernantes y gobernados, no para propaganda e intereses personales de servidores públicos

Notas

¹ “Resbala Edomex con Spots” http://www.reforma.com/edomex/articulo/593/1184929/

² “Reforma Redacción” http://www.reforma.com/nacional/articulo/593/1185296/

³ Así se ha constatado a través de las más de 20 entrevistas realizadas entre marzo y septiembre de 2010 por ARTICLE XIX y Fundar en el marco de un proyecto sobre publicidad oficial y su impacto sobre el derecho a la libertad de expresión.