Más allá de las estadísticas, las víctimas tienen nombre

(Texto publicado en el Blog Anticensura de ARTICLE 19 Oficina para México y Centro América en el Universal  el 30 de diciembre 2010 http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle12974.html )

La tendencia en México cada año es la de contar periodistas asesinados, periodistas desaparecidos y ataques a medios de comunicación, lamentablemente este año que cierra no es la excepción. El 2010 fue uno de los peores años en el registro de ataques en contra de medios de comunicación con armas de fuegos y explosivos; además de que medios nacionales sufrieron presiones e intimidaciones por parte del crimen organizado para publicar cierta información como ya lo venían sufriendo los medios locales. Más allá de ser una serie de datos para la estadística y señalar a México como uno de los países más peligrosos para el periodismo, deshonroso reconocimiento nuevamente, deberían de ser indicadores para ser tomados en cuenta para soluciones inmediatas por parte de las autoridades.

La radiografía en el 2010 es de 8 asesinatos y una desaparición a periodistas. Uno de los estados más violentos contra la prensa fue Guerrero con 3 asesinatos y un ataque a las instalaciones de un periódico, esta entidad federativa este año es nuevamente reconocida como una de las más peligrosas para periodistas. Le siguen, Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, todos con un asesinato. Los meses más violentos fueron junio y julio donde se registraron el 40% de los asesinatos. La violencia contra la prensa se ha agravado este año por los ataques con armas de fuego o explosivos contra instalaciones de medios de comunicación. Es posible afirmar que es una nueva forma intentar inhibir el periodismo. Casi se triplicaron estos ataques: se registraron 13 mientras que en 2009 fueron 5. Los medios de prensa escrita fueron el blanco en más del 50% de las agresiones. Los ataques contra la libertad de expresión durante 2010 se perpetraron por distintos actores, entre ellos está el crimen organizado, funcionarios públicos y fuerzas de seguridad. De ello dependió la gravedad de las agresiones. Aunque estos datos ayudan a mostrar un panorama general, habrá que mencionar que muchas agresiones no se denuncian ni registran, ya sea por miedo a denunciar o porque no se conocen ni las instancias del estado ni las organizaciones que hacen este tipo de documentación.

Más allá de los datos que registran los casos, es fundamental ver la información cualitativa, las tendencias y patrones que se generan para poder entender este fenómeno que afecta a la sociedad en su conjunto. Este año fuimos testigos de la editorial de El Diario de Juárez y el secuestro de los camarógrafos y reporteros de Multimedios y Televisa, por mencionar algunos que tuvieron eco internacional. Situaciones inéditas que plantean sin duda nuevos retos para el gremio periodístico.

Medios de comunicación tuvieron que enfrentar la presión e intimidación de personas que se identificaron como miembros de grupos criminales obligaron con violencia y amenaza a las redacciones para que publicaran piezas informativas elaboradas por los criminales. Esta tendencia de influir en el contenido se volvió más común a lo largo del año en donde se conocieron casos en Zacatecas, Durango, Saltillo y Michoacán. El peligro latente de periodistas ante posibles ataques y su total indefensión y falta de apoyo por parte de las autoridades han hecho que en México la censura se convierta en una de las medidas de protección más recurrentes. Cada vez se registran más casos donde la información no se da a conocer por el temor o el riesgo a las represalias, los perpetradores han logrado su cometido, infundir el miedo para que no fluya la información. Cada vez más son los periódicos que toman la decisión de no investigar casos de corrupción en donde se presume que autoridades y el crimen organizado pueden estar involucrados. El miedo a buscar y difundir información, por falta de garantías, ha tenido como consecuencia silencios y omisiones que rompen con el flujo libre y necesario de información en México.

Dos respuestas por parte del Estado mexicano se dieron durante el 2010. La aprobación de 50 millones de pesos por parte de la Cámara de Diputados para la fortalecer la Fiscalía supuestamente encargada de proteger periodistas y para la implementación de medidas cautelares a favor de la prensa; y la creación de un Comité de Protección a Periodistas, que aunque carece de elementos esenciales puede ser el inicio de un trabajo serio en la materia. Esta es una de las respuestas que se esperaban del Estado desde 2006 cuando se declaró a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Esperemos que el próximo año en lugar de dar pésames y expresar solidaridad a las familias de quiénes ya no están podamos contar casos resueltos de agresiones a periodistas y medios, al igual que contar vidas salvadas gracias a este nuevo mecanismo.

El año 2011 arrastra los mismos retos de años anteriores, además trae consigo nuevos desafíos tanto para el Estado como para periodistas para revertir el silencio generado por la violencia como son: eliminar la impunidad a través de investigaciones efectivas, aprobar legislación adecuadamente, implementar medidas de autoprotección, innovar métodos periodísticos para asegurar el libre flujo de la información y combatir la autocensura, elevar el costo político de las autoridades ineficaces, fortalecer el periodismo de investigación entre otros. No hay que dejar de enfatizar que una prensa silenciada y arrinconada nos perjudica como sociedad.

No dejemos que las y los periodistas asesinados y desaparecidos sean una estadística más. Son más de medio centenar de colegas asesinados en una década. Por sus familias, por los periodistas que siguen ejerciendo su labor, no podemos dejar que la voluntad del Estado para cumplir sus obligaciones de garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa se quede en buenos deseos…

Informar con Miedo

(Texto publicado en el Blog Anticensura de ARTICLE 19 Oficina para México y Centro América en el Universal  el 25 de noviembre 2010 http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle12738.html )

 

Aung San Suu Kyi recién liberada de su arresto domiciliario y premio Nobel de la Paz ya lo decía “Para mí, la verdadera libertad es estar libre de miedo, y si no se puede vivir sin miedo, no se puede vivir una vida digna”

Varios sujetos ingresaron a las instalaciones de El Sur de Guerrero en Acapulco la noche del 10 de noviembre y comenzaron a disparar, no dejaron mensaje, no dicen contra quién o a qué iban. Así como llegaron se dieron a la fuga. “Hay mucho miedo, no alcanzamos a ver de qué tamaño es” mencionó Juan Angulo Director del Diario refiriéndose a las 13 personas que estuvieron durante el ataque y tuvieron que cubrirse de los disparos, nadie salió herido. Desde hace tiempo la violencia golpea diversas regiones del país, hecho por demás preocupante, y cuando el ataque se dirigen a medios de comunicación, esto cobra una dimensión que afecta a la sociedad en su conjunto por ser la información su materia prima.

Este reciente ataque ha generado declaraciones y condenas desde la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Miguel Ángel Granados Chapa y Guadalupe Loaeza, entre otras personas y organizaciones. Aunque es importante y necesario el repudio de este tipo de hechos, no es suficiente, es indispensable que las autoridades lleven a cabo las investigaciones pertinentes para que estos hechos se esclarezcan y así evitar su repetición. Cabe recalcar que tan sólo en Guerrero este año han ocurrido 3 asesinatos a periodistas.

En un contexto donde tan sólo en este año han sucedido 8 asesinatos de periodistas y 13 ataques contra medios de comunicación, sin dejar de lado 10 periodistas desaparecidos en México desde 2000, es imposible dejar de lado el factor miedo que existe. Basta preguntar a cualquier periodista que haya conocido a un colega que lo hayan matado, o que haya estado en un ataque a un medio para que les diga como esto los afectó y en consecuencia su forma de hacer periodismo.

¿Cómo se puede vivir sin miedo cuando existen ataques contra la sociedad y contra los medios de comunicación y periodistas? ¿Cómo se pueden conocer los problemas si existe el miedo de publicar información de interés público por las represalias? ¿Puede haber libertad de expresión en un ambiente de miedo?

Ya se ha mencionado mucho la editorial del Diario de Juárez que lanzaba la pregunta ¿Qué quieren de nosotros? Una muestra de la resistencia a sucumbir al miedo producto del clima de violencia que viven constantemente los medios de comunicación en México y es que este año se han agravado de manera significativa. Los ataques contra las instalaciones de medios de comunicación con armas de fuego y explosivos se han triplicado respecto al 2009.

El miedo es algo que está presente, no es algo imaginario. La cuestión es cómo responder. Nos podemos paralizar y dejar que siga acechando a las y los periodistas, y así vulnerando nuestro derecho a estar informados. Para que así, poco a poco se apodere de las salas de redacción y que los medios sólo informen cuestiones cotidianas y convertirnos en simples receptores pasivos de información. O podemos alzar la voz y exigir que estos hechos no queden impunes. Recordemos que cuando impera el silencio, no hay democracia posible.

Diplomacia y Derechos Humanos (Examen Periódico Universal)

(texto publicado en el Blog Anticensura de ARTICLE 19 Oficina para México y Centro América en el Universal  el 11 de noviembre 2010 http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle12647.html)

Ginebra es la ciudad que vio nacer a Jacobo Rousseau, filósofo que promovió en su Contrato Social “Encontrar una forma de asociación capaz de defender y proteger, con toda la fuerza común, la persona y los bienes de cada uno de los asociados, pero de modo tal que cada uno de éstos, en unión con todos, sólo obedezca a sí mismo, y quede tan libre como antes.” Es una ciudad sede de un gran número de organizaciones internacionales y que junto con Nueva York son referente obligado para Naciones Unidas y los derechos humanos en el mundo.

Para que las organizaciones de la sociedad civil puedan tener la posibilidad de incidir en los mecanismos de derechos humanos en el sistema universal, hay que llegar a esta ciudad. Esto no es fácil y no sólo por la cuestión geográfica, el clima, o lo caro que es el franco, sino que hay que entender la estructura de Naciones Unidas, sus alcances, limitaciones y las relaciones económicas, comerciales y políticas de los países que forman parte.

Dentro del Consejo de Derechos Humanos creado en 2006 que nació con el objetivo principal de considerar las situaciones de violaciones de los derechos humanos, es que existe el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU). Este mecanismo tiene la encomienda de revisar la situación de los derechos humanos en los 192 Estados miembros de las Naciones Unidas cada cuatro años. Lo cual suena muy bien en el papel, pero la realidad es más compleja.

El EPU lleva 9 sesiones a partir del 2008 en las cuales se estableció de manera aleatoria la revisión de los países, de las cuales se han realizado ya más de 140. Para el 2011, todos los países habrán estado en dicho proceso. La mecánica es la siguiente, el Estado en revisión presenta un informe y los países miembros del Consejo de Derechos Humanos tienen la oportunidad, en una breve intervención, llamado diálogo interactivo, de hacer recomendaciones. Al final se elabora un informe donde se compilan las recomendaciones e información que elabora la Troika.

Las recomendaciones que hagan los países dentro de este espacio están sujetas a que el Estado en cuestión las acepte de buena fe. No hay nada que obligue a los países a cumplir estas recomendaciones. Además, el mecanismo no es un examen en cuestión de derechos humanos estrictamente dicho, las intervenciones de los países están supeditadas a las relaciones políticas y comerciales. Esto lo podemos constatar en la última sesión en donde Honduras y Estados Unidos tuvieron fueron evaluados por este mecanismo.

Durante la reciente sesión del EPU tuvimos la oportunidad de ver como un país como Honduras, recibió varias recomendaciones para investigar las violaciones durante el golpe de estado, investigar y sancionar violaciones a la libertad de expresión, fortalecer la independencia en sus órganos judiciales, y prevenir la violencia contra las mujeres, además de adoptar varios protocolos facultativos entre otras. Mientras que EUA, a pesar las recientes filtraciones que dio a conocer Wikileaks de los abusos, torturas y violaciones del ejército norteamericano durante la guerra en Irak, no recibió ninguna recomendación al respecto. Es en estos espacios donde se puede ver los diferentes criterios y estándares para cuestionar en materia de violaciones a los derechos humanos a los países, todos los países son iguales pero unos son más iguales que otros.

La participación de la sociedad civil se reduce a presentar informes ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que presenta en un resumen de 10 cuartillas, además de otro documento que compila la información de los mecanismos convencionales y los procedimientos especiales. Esto para que las delegaciones de los países tengan insumos para sus participaciones dentro del diálogo interactivo.

Aunque este sea el canal establecido para la sociedad civil, es indispensable hacer llegar información a las delegaciones con la intención de hacer recomendaciones a los países, cuestiones más específicas que ayuden a fortalecer al marco institucional y legal para el cumplimiento de las obligaciones de los países en materia de derechos humanos. Sin embargo, el papel de la Sociedad Civil no termina aquí. Es en el seguimiento de la instrumentación de dichas recomendaciones donde el EPU cobra su mayor valor. Y es en esta etapa donde el papel de la sociedad civil debe ser aún más incisivo, propositivo y constante.

La Sociedad Civil debe aproximar a la realidad a las delegaciones de los países que participan en el EPU, es una ventana de oportunidad que se debe de aprovechar haciendo un buen trabajo y de manera estratégica. Sólo así es que este tipo de mecanismos dejarán de ser espacios políticos, meramente diplomáticos, para convertirse en espacios regidos por consideraciones humanitarias en los que se busquen soluciones a las situaciones de abuso e injusticia en los diferentes países del mundo.

La falsa imagen de México (intolerancia a la crítica)

(texto publicado en el Blog Anticensura de ARTICLE 19 Oficina para México y Centro América en el Universal  el 24 de junio 2010 http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle11359.html )

Dentro del contexto del combate al crimen organizado que es considerado un asunto de seguridad nacional, el Gobierno federal critica a los medios de comunicación por la cobertura que realizan. Los hechos y las declaraciones nos llevan a pensar que están más preocupados por la imagen del país, tanto en la prensa nacional como internacional, que por la difusión de información de interés público basada en la realidad que vive el país. La violencia que vive México es innegable y va más allá de la simple percepción . Gómez Mont quiere tapar el sol con un dedo. No hay forma de negar la violencia que se vive y las más de 22 mil muertes durante este sexenio.

La relevancia que le da el gobierno Federal a la imagen es palpable. A pesar de que el nivel de ingresos en la hacienda pública continúan disminuyendo “sustancialmente ”; los recursos destinados a Comunicación Social y Publicidad aumentaron en 2009 un 49% con relación al 2008 (según información de Fundar y ARTÍCULO 19). Es decir, la inversión para crear la imagen de un México seguro es constante y descansa en el interés primordial del gobierno federal.

Cualquier gobierno que se jacte de ser democrático debe abstenerse de regular, opinar, proponer, exigir sobre las líneas editoriales de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no están al servicio de los Estados ni viceversa. Al contrario, su papel se basa en el cuestionamiento objetivo del quehacer gubernamental. Para que haya una relación sana debe de haber una independencia clara con puntos de encuentro.

Ante el contexto inédito de violencia al que nos enfrentamos debe de haber una agenda que se base en la intención de informar a la sociedad, también, en México, tarde o temprano se tendrán que llevar a cabo acuerdos mínimos entre medios de comunicación para la cobertura de una realidad violenta. El intercambio de principios periodísticos en los que se basan las líneas editoriales de los diferentes medios deben ser discutidas de cara a la sociedad. Dicho debate debe de ser propiciado por los medios de comunicación sin interferencia del Estado. Al Estado le debe bastar con saber que los medios de comunicación no generan la violencia, sólo le dan cobertura. La reflexión debe girar en torno al cómo. Son los mismos medios, sin declaraciones absurdas de secretarios, quienes deben de reflexionar sobre su papel en un México cubierto de violencia. Deben de ser ellos quienes debatan sobre los efectos de dicha información en la sociedad.

Resulta obvio que exista una creciente demanda de mayor transparencia y libertad de información sobre la situación actual del país, especialmente en materia de seguridad nacional y pública. La información contrarresta la sensación de incertidumbre en las sociedades. Se necesita del debate abierto en la opinión pública facilitado por los medios de comunicación para llamar a cuentas al Estado. En los sistemas democráticos, el respeto por los derechos humanos y la promoción de la libertad de expresión son condición sine qua non en la salvaguarda de la seguridad nacional.

México cayó en un falso dilema que asume que la seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos no son compatibles, es más, que estos últimos pueden ser violados en beneficio de la primera. A la libertad de expresión no se le puede imponer restricción a menos que el gobierno, mediante la promulgación de una ley, demuestre ser necesaria en una sociedad democrática para proteger un interés legítimo de seguridad nacional. Ver Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información.

Es por esto que el gobierno federal dentro de “La Estrategia Nacional de Seguridad” y sus cuatro ejes , no debe contemplar a los medios de comunicación como brazo ejecutor de la misma. Los medios no son aliados, pero tampoco enemigos. Por esto, en lugar de buscar la regulación de contenidos y hacer sugerencias editoriales el gobierno federal debería mejorar su estrategia de comunicación. Al ser un gobierno inoperante para comunicar mensajes al público, más allá de buscar cambiar realidades a través de imágenes, provoca desinformación, desasosiego y especulaciones. La comunicación social no puede estar basada en escenografías policiacas y cinematográficas que violan flagrantemente la presunción de inocencia. Mientras sean instancias y funcionarios no capacitados quienes dicten las directrices de comunicación del gobierno federal, el mensaje no llegará a su destinatario, la sociedad. Por ello lo lógico sería: aprender a comunicar antes de promover la censura.

Libertad de Expresión y Diversidad Cultural

(texto publicado en el Blog Anticensura de ARTICLE 19 Oficina para México y Centro América en el Universal  el 22 de julio 2010 http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle11658.html)

La libertad de expresión es una condición indispensable para el reconocimiento de la diversidad en todas sus formas. A través del ejercicio pleno de este derecho fundamental se hace posible un diálogo entre personas, grupos y culturas que busca el reconocimiento de la variedad de opiniones, expresiones e identidades. Es decir, facilita la reivindicación de aquellos grupos tradicionalmente marginados.

Además de promover la revaloración del aporte de cada uno de los grupos étnicos y lingüísticos que conforman la nación mexicana, el ejercicio de la libre expresión de las personas y pueblos indígenas promueve la identidad cultural. De ahí la imperiosa necesidad de contar con espacios para poder recibir, investigar y difundir información que lleven a un entendimiento y reconocimiento de las culturas.

El Estado Mexicano tiene la obligación de promover, garantizar y proteger el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas, incluyendo la libertad de expresión, sin importar raza, nacionalidad o identidad étnica. Si bien el Articulo 2°, apartado B, fracción VI de la Constitución en México reconoce que los derechos colectivos de los pueblos originarios incluyen el derecho a tener acceso y a administrar medios de comunicación. La falta de un reconocimiento jurídico, a pesar de las recomendaciones de mecanismos internacionales, hacen que sólo existan dos alternativas para ejercer este derecho: 1) bajo la tutela paternalista gubernamental o; 2) en condiciones de incertidumbre jurídica y bajo constante amenaza.

La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas opera una red de 22 radiodifusoras bajo el modelo “indigenistas” de la década de los 70. Las cuales tienen que sortear constantemente la amenaza de los recortes presupuestales y los embates de las políticas clientelares. Además de que no dejan de ser más que un paliativo para el verdadero ejercicio y pleno reconocimiento de la libertad de expresión de los pueblos indígenas.

Las comunidades que han decidido ejercer este derecho sin en el apoyo del gobierno enfrentan una situación preocupante. Tal es el caso de la Radio Ñomndaa que trasmite desde el municipio de Xochistlahuaca en el estado de Guerrero para el pueblo Amuzgo, cuyo territorio se encuentra en la región colindante con Oaxaca.

A Xochistlahuaca se llega a través de una carretera de ida y vuelta. La travesía cruza la sierra de Guerrero y es un camino que ha mareado a más de una persona. La región tiene uno de los índices más bajo de desarrollo humano, altos grados de analfabetismo y un gran número de personas monolingües.

La Radio Ñomndaa es un medio comunitario que nace de la necesidad de difundir información necesaria para la comunidad. Fue ésta la que buscó los recursos para comprar la antena y actualmente sostiene económicamente las necesidades del proyecto radiofónico, que incluyen cuestiones de salud, educación y de participación. Ahí, en donde los medios de comunicación masiva no tienen presencia, la radio se ha convertido en el único medio de información de temas de interés público y entretenimiento para la comunidad, así como el medio de contacto con familiares que han migrado, ya que también trasmiten por internet.

El proyecto de comunicación amuzgo sobrevivió en 2008 a un operativo desproporcionado de la Policía Federal Preventiva que tenía como objetivo desmantelarla. Dentro de otros ataques también ha sido objeto de acoso judicial en contra de sus integrantes por parte de las autoridades locales. Actualmente la Radio Ñomndaa sigue cumpliendo su función de comunicar.

Ante la intolerancia y falta de reconocimiento es necesario promover e impulsar el diálogo. El ejercicio individual y colectivo del derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y equidad ofrece a México la posibilidad de revertir los patrones de discriminación y marginación en contra de los pueblos indígenas. Esto se promueve a través de políticas públicas y adecuaciones al marco normativo para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión en México. La diversidad y pluralidad de ideas y opiniones es algo que debe ser promovido en lugar de callado o ignorado.

Informaban, hasta que desaparecieron

(texto en colaboración con Cynthia Cárdenas abogada publicado en el Blog Anticensura  de ARTICLE 19 Oficina para México y Centro América en el Universal el 13 de mayo 2010 http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle10905.html)

La desaparición de una persona, sin importar la causa, produce consecuencias profundas a nivel psicológico y emocional en los familiares, amistades, colegas y en sí, en toda la comunidad. El dolor que produce la ausencia no disminuye con el tiempo, pero tampoco la esperanza.  La desaparición de periodistas es poco común en otros países, en México es un elemento que caracteriza la violencia en contra de la prensa. Desde 2003 hasta la fecha, han desaparecido diez periodistas.La mayoría investigaba vínculos entre funcionarios públicos y narcotraficantes

La historia reciente de América Latina está plagada de casos de personas desaparecidas, muy a menudo relacionados con terrorismo de Estado producto de las dictaduras militares que gobernaron la región en la segunda mitad del Siglo XX. En México durante la década de los 70 y 80 fue una práctica sistemática para reprimir la oposición política, hoy, constituye un método frecuentemente empleado por grupos del crimen organizado.

Además de la ausencia, las familias y amistades de periodistas desparecidos tienen que enfrentar, la indolencia e ineficacia de las autoridades encargadas de las investigaciones. Prácticamente todos  los casos reposan en un limbo jurídico. No se cierran las investigaciones pero tampoco se continúa con nuevas líneas de investigación. Los ministerios públicos traspasan la responsabilidad de aportar nuevas pruebas a familiares y colegas. Es práctica común que esto suceda. La estigmatización de las víctimas e inclusive de sus familias, a menudo se convierte en la única respuesta por parte de las autoridades.

Recientemente la Procuraduría General de Justicia de Tabasco, a cargo de Rafael Miguel González Lastra Rafael Miguel González Lastra anunció sin tener certeza científica alguna, que había dado con el paradero de Rodolfo Rincón Taracena del periódico Tabasco Hoy, que desapareció el 21 de enero de 2007 en ese estado. Rincón Taracena había publicado un reportaje que detallaba la localización de todos los puntos de venta de drogas en Villahermosa.

La desaparición de periodistas tiene efectos concretos en las  comunidades a las que informan.  José Antonio García Apac/, editor de un pequeño semanario en Michoacán llamado Eco de la Cuenca de Tepalcatepec, era el único medio de comunicación que publicaba información sobre la zona, en donde ni siquiera los periódicos locales son distribuidos. García Apac, despareció el 20 de noviembre de 2006, su familia sigue editando el semanario como una forma mantener vigente su recuerdo.

Michoacán además de ser uno de los focos de la política de combate al narcotráfico, es también el estado con el mayor número de periodistas desaparecidos. Desde 2006 han desparecido cuatro periodistas: José Antonio García Apac, Mauricio Estrada Zamora, María Esther Aguilar Casimbe  y Ramón Ángeles Zalpa. Las familias de estos periodistas viven en la incertidumbre, al mismo tiempo, la Procuraduría de Justicia del Estado, ahora a cargo de Jesús Montejano Ramírez, ha fortalecido la impunidad como consecuencia de su ineficacia durante años

A la esterilidad de las investigaciones emprendidas por las autoridades, hay que sumar el hecho de que no existe la tipificación del delito de desaparición en la legislación mexicana. México ratificó en marzo de 2008 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,  un instrumento que reconoce como crimen de lesa humanidad cuando la desaparición es llevada a cabo, tolerada o facilitada por alguna autoridad de manera generalizada. Aunque la ratificación constituye un paso positivo resulta insuficiente ante el tipo de amenazas que enfrentan la prensa, los y las defensoras de derechos humanos, los y las activistas ambientales y la sociedad en general durante los últimos años.

Como muestra inequívoca de la ineficacia del Estado Mexicano al atender los casos de desapariciones, destaca la incapacidad del actual Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, al atender los casos de mujeres desparecidas cuando estuvo al frente de la Procuraduría de Chihuahua, situación que fue señalada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia sobre el caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México

¿Qué podemos hacer como sociedad respecto a la desaparición de periodistas? Primero solidarizarnos con las familias de las víctimas. Que sus voces al gritar “hoy no estás pero no te olvidamos”, sea también nuestra voz. Rechazar tajantemente cualquier rumor sobre el carácter moral de las víctimas, que sea el Poder Judicial quien dicte sentencia. Sumarnos a la exigencia de una justicia integral. Es decir, presionar para que el Estado Mexicano cumpla sus obligaciones.

 Lista de seguimiento a casos de periodistas que permanecen desaparecidos de ARTÍCULO 19