jueves, 30 de diciembre de 2010

Más allá de las estadísticas, las víctimas tienen nombre

(Texto publicado en el Blog Anticensura de ARTICLE 19 Oficina para México y Centro América en el Universal  el 30 de diciembre 2010 http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle12974.html )


La tendencia en México cada año es la de contar periodistas asesinados, periodistas desaparecidos y ataques a medios de comunicación, lamentablemente este año que cierra no es la excepción. El 2010 fue uno de los peores años en el registro de ataques en contra de medios de comunicación con armas de fuegos y explosivos; además de que medios nacionales sufrieron presiones e intimidaciones por parte del crimen organizado para publicar cierta información como ya lo venían sufriendo los medios locales. Más allá de ser una serie de datos para la estadística y señalar a México como uno de los países más peligrosos para el periodismo, deshonroso reconocimiento nuevamente, deberían de ser indicadores para ser tomados en cuenta para soluciones inmediatas por parte de las autoridades.

La radiografía en el 2010 es de 8 asesinatos y una desaparición a periodistas. Uno de los estados más violentos contra la prensa fue Guerrero con 3 asesinatos y un ataque a las instalaciones de un periódico, esta entidad federativa este año es nuevamente reconocida como una de las más peligrosas para periodistas. Le siguen, Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, todos con un asesinato. Los meses más violentos fueron junio y julio donde se registraron el 40% de los asesinatos. La violencia contra la prensa se ha agravado este año por los ataques con armas de fuego o explosivos contra instalaciones de medios de comunicación. Es posible afirmar que es una nueva forma intentar inhibir el periodismo. Casi se triplicaron estos ataques: se registraron 13 mientras que en 2009 fueron 5. Los medios de prensa escrita fueron el blanco en más del 50% de las agresiones. Los ataques contra la libertad de expresión durante 2010 se perpetraron por distintos actores, entre ellos está el crimen organizado, funcionarios públicos y fuerzas de seguridad. De ello dependió la gravedad de las agresiones. Aunque estos datos ayudan a mostrar un panorama general, habrá que mencionar que muchas agresiones no se denuncian ni registran, ya sea por miedo a denunciar o porque no se conocen ni las instancias del estado ni las organizaciones que hacen este tipo de documentación.

Más allá de los datos que registran los casos, es fundamental ver la información cualitativa, las tendencias y patrones que se generan para poder entender este fenómeno que afecta a la sociedad en su conjunto. Este año fuimos testigos de la editorial de El Diario de Juárez y el secuestro de los camarógrafos y reporteros de Multimedios y Televisa, por mencionar algunos que tuvieron eco internacional. Situaciones inéditas que plantean sin duda nuevos retos para el gremio periodístico.

Medios de comunicación tuvieron que enfrentar la presión e intimidación de personas que se identificaron como miembros de grupos criminales obligaron con violencia y amenaza a las redacciones para que publicaran piezas informativas elaboradas por los criminales. Esta tendencia de influir en el contenido se volvió más común a lo largo del año en donde se conocieron casos en Zacatecas, Durango, Saltillo y Michoacán. El peligro latente de periodistas ante posibles ataques y su total indefensión y falta de apoyo por parte de las autoridades han hecho que en México la censura se convierta en una de las medidas de protección más recurrentes. Cada vez se registran más casos donde la información no se da a conocer por el temor o el riesgo a las represalias, los perpetradores han logrado su cometido, infundir el miedo para que no fluya la información. Cada vez más son los periódicos que toman la decisión de no investigar casos de corrupción en donde se presume que autoridades y el crimen organizado pueden estar involucrados. El miedo a buscar y difundir información, por falta de garantías, ha tenido como consecuencia silencios y omisiones que rompen con el flujo libre y necesario de información en México.

Dos respuestas por parte del Estado mexicano se dieron durante el 2010. La aprobación de 50 millones de pesos por parte de la Cámara de Diputados para la fortalecer la Fiscalía supuestamente encargada de proteger periodistas y para la implementación de medidas cautelares a favor de la prensa; y la creación de un Comité de Protección a Periodistas, que aunque carece de elementos esenciales puede ser el inicio de un trabajo serio en la materia. Esta es una de las respuestas que se esperaban del Estado desde 2006 cuando se declaró a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Esperemos que el próximo año en lugar de dar pésames y expresar solidaridad a las familias de quiénes ya no están podamos contar casos resueltos de agresiones a periodistas y medios, al igual que contar vidas salvadas gracias a este nuevo mecanismo.

El año 2011 arrastra los mismos retos de años anteriores, además trae consigo nuevos desafíos tanto para el Estado como para periodistas para revertir el silencio generado por la violencia como son: eliminar la impunidad a través de investigaciones efectivas, aprobar legislación adecuadamente, implementar medidas de autoprotección, innovar métodos periodísticos para asegurar el libre flujo de la información y combatir la autocensura, elevar el costo político de las autoridades ineficaces, fortalecer el periodismo de investigación entre otros. No hay que dejar de enfatizar que una prensa silenciada y arrinconada nos perjudica como sociedad.

No dejemos que las y los periodistas asesinados y desaparecidos sean una estadística más. Son más de medio centenar de colegas asesinados en una década. Por sus familias, por los periodistas que siguen ejerciendo su labor, no podemos dejar que la voluntad del Estado para cumplir sus obligaciones de garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa se quede en buenos deseos…