(texto publicado en el Blog Anticensura de ARTICLE 19 Oficina para México y Centro América en el Universal el 24 de junio 2010 http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle11359.html )
Dentro del contexto del combate al crimen organizado que es considerado un asunto de seguridad nacional, el Gobierno federal critica a los medios de comunicación por la cobertura que realizan. Los hechos y las declaraciones nos llevan a pensar que están más preocupados por la imagen del país, tanto en la prensa nacional como internacional, que por la difusión de información de interés público basada en la realidad que vive el país. La violencia que vive México es innegable y va más allá de la simple percepción . Gómez Mont quiere tapar el sol con un dedo. No hay forma de negar la violencia que se vive y las más de 22 mil muertes durante este sexenio.
La relevancia que le da el gobierno Federal a la imagen es palpable. A pesar de que el nivel de ingresos en la hacienda pública continúan disminuyendo “sustancialmente ”; los recursos destinados a Comunicación Social y Publicidad aumentaron en 2009 un 49% con relación al 2008 (según información de Fundar y ARTÍCULO 19). Es decir, la inversión para crear la imagen de un México seguro es constante y descansa en el interés primordial del gobierno federal.
Cualquier gobierno que se jacte de ser democrático debe abstenerse de regular, opinar, proponer, exigir sobre las líneas editoriales de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no están al servicio de los Estados ni viceversa. Al contrario, su papel se basa en el cuestionamiento objetivo del quehacer gubernamental. Para que haya una relación sana debe de haber una independencia clara con puntos de encuentro.
Ante el contexto inédito de violencia al que nos enfrentamos debe de haber una agenda que se base en la intención de informar a la sociedad, también, en México, tarde o temprano se tendrán que llevar a cabo acuerdos mínimos entre medios de comunicación para la cobertura de una realidad violenta. El intercambio de principios periodísticos en los que se basan las líneas editoriales de los diferentes medios deben ser discutidas de cara a la sociedad. Dicho debate debe de ser propiciado por los medios de comunicación sin interferencia del Estado. Al Estado le debe bastar con saber que los medios de comunicación no generan la violencia, sólo le dan cobertura. La reflexión debe girar en torno al cómo. Son los mismos medios, sin declaraciones absurdas de secretarios, quienes deben de reflexionar sobre su papel en un México cubierto de violencia. Deben de ser ellos quienes debatan sobre los efectos de dicha información en la sociedad.
Resulta obvio que exista una creciente demanda de mayor transparencia y libertad de información sobre la situación actual del país, especialmente en materia de seguridad nacional y pública. La información contrarresta la sensación de incertidumbre en las sociedades. Se necesita del debate abierto en la opinión pública facilitado por los medios de comunicación para llamar a cuentas al Estado. En los sistemas democráticos, el respeto por los derechos humanos y la promoción de la libertad de expresión son condición sine qua non en la salvaguarda de la seguridad nacional.
México cayó en un falso dilema que asume que la seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos no son compatibles, es más, que estos últimos pueden ser violados en beneficio de la primera. A la libertad de expresión no se le puede imponer restricción a menos que el gobierno, mediante la promulgación de una ley, demuestre ser necesaria en una sociedad democrática para proteger un interés legítimo de seguridad nacional. Ver Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información.
Es por esto que el gobierno federal dentro de “La Estrategia Nacional de Seguridad” y sus cuatro ejes , no debe contemplar a los medios de comunicación como brazo ejecutor de la misma. Los medios no son aliados, pero tampoco enemigos. Por esto, en lugar de buscar la regulación de contenidos y hacer sugerencias editoriales el gobierno federal debería mejorar su estrategia de comunicación. Al ser un gobierno inoperante para comunicar mensajes al público, más allá de buscar cambiar realidades a través de imágenes, provoca desinformación, desasosiego y especulaciones. La comunicación social no puede estar basada en escenografías policiacas y cinematográficas que violan flagrantemente la presunción de inocencia. Mientras sean instancias y funcionarios no capacitados quienes dicten las directrices de comunicación del gobierno federal, el mensaje no llegará a su destinatario, la sociedad. Por ello lo lógico sería: aprender a comunicar antes de promover la censura.
La relevancia que le da el gobierno Federal a la imagen es palpable. A pesar de que el nivel de ingresos en la hacienda pública continúan disminuyendo “sustancialmente ”; los recursos destinados a Comunicación Social y Publicidad aumentaron en 2009 un 49% con relación al 2008 (según información de Fundar y ARTÍCULO 19). Es decir, la inversión para crear la imagen de un México seguro es constante y descansa en el interés primordial del gobierno federal.
Cualquier gobierno que se jacte de ser democrático debe abstenerse de regular, opinar, proponer, exigir sobre las líneas editoriales de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no están al servicio de los Estados ni viceversa. Al contrario, su papel se basa en el cuestionamiento objetivo del quehacer gubernamental. Para que haya una relación sana debe de haber una independencia clara con puntos de encuentro.
Ante el contexto inédito de violencia al que nos enfrentamos debe de haber una agenda que se base en la intención de informar a la sociedad, también, en México, tarde o temprano se tendrán que llevar a cabo acuerdos mínimos entre medios de comunicación para la cobertura de una realidad violenta. El intercambio de principios periodísticos en los que se basan las líneas editoriales de los diferentes medios deben ser discutidas de cara a la sociedad. Dicho debate debe de ser propiciado por los medios de comunicación sin interferencia del Estado. Al Estado le debe bastar con saber que los medios de comunicación no generan la violencia, sólo le dan cobertura. La reflexión debe girar en torno al cómo. Son los mismos medios, sin declaraciones absurdas de secretarios, quienes deben de reflexionar sobre su papel en un México cubierto de violencia. Deben de ser ellos quienes debatan sobre los efectos de dicha información en la sociedad.
Resulta obvio que exista una creciente demanda de mayor transparencia y libertad de información sobre la situación actual del país, especialmente en materia de seguridad nacional y pública. La información contrarresta la sensación de incertidumbre en las sociedades. Se necesita del debate abierto en la opinión pública facilitado por los medios de comunicación para llamar a cuentas al Estado. En los sistemas democráticos, el respeto por los derechos humanos y la promoción de la libertad de expresión son condición sine qua non en la salvaguarda de la seguridad nacional.
México cayó en un falso dilema que asume que la seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos no son compatibles, es más, que estos últimos pueden ser violados en beneficio de la primera. A la libertad de expresión no se le puede imponer restricción a menos que el gobierno, mediante la promulgación de una ley, demuestre ser necesaria en una sociedad democrática para proteger un interés legítimo de seguridad nacional. Ver Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información.
Es por esto que el gobierno federal dentro de “La Estrategia Nacional de Seguridad” y sus cuatro ejes , no debe contemplar a los medios de comunicación como brazo ejecutor de la misma. Los medios no son aliados, pero tampoco enemigos. Por esto, en lugar de buscar la regulación de contenidos y hacer sugerencias editoriales el gobierno federal debería mejorar su estrategia de comunicación. Al ser un gobierno inoperante para comunicar mensajes al público, más allá de buscar cambiar realidades a través de imágenes, provoca desinformación, desasosiego y especulaciones. La comunicación social no puede estar basada en escenografías policiacas y cinematográficas que violan flagrantemente la presunción de inocencia. Mientras sean instancias y funcionarios no capacitados quienes dicten las directrices de comunicación del gobierno federal, el mensaje no llegará a su destinatario, la sociedad. Por ello lo lógico sería: aprender a comunicar antes de promover la censura.
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