(texto publicado en el Blog Anticensura de ARTICLE 19 Oficina para México y Centro América en el Universal el 11 de noviembre 2010 http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle12647.html)
Ginebra es la ciudad que vio nacer a Jacobo Rousseau, filósofo que promovió en su Contrato Social “Encontrar una forma de asociación capaz de defender y proteger, con toda la fuerza común, la persona y los bienes de cada uno de los asociados, pero de modo tal que cada uno de éstos, en unión con todos, sólo obedezca a sí mismo, y quede tan libre como antes.” Es una ciudad sede de un gran número de organizaciones internacionales y que junto con Nueva York son referente obligado para Naciones Unidas y los derechos humanos en el mundo.
Para que las organizaciones de la sociedad civil puedan tener la posibilidad de incidir en los mecanismos de derechos humanos en el sistema universal, hay que llegar a esta ciudad. Esto no es fácil y no sólo por la cuestión geográfica, el clima, o lo caro que es el franco, sino que hay que entender la estructura de Naciones Unidas, sus alcances, limitaciones y las relaciones económicas, comerciales y políticas de los países que forman parte.
Dentro del Consejo de Derechos Humanos creado en 2006 que nació con el objetivo principal de considerar las situaciones de violaciones de los derechos humanos, es que existe el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU). Este mecanismo tiene la encomienda de revisar la situación de los derechos humanos en los 192 Estados miembros de las Naciones Unidas cada cuatro años. Lo cual suena muy bien en el papel, pero la realidad es más compleja.
El EPU lleva 9 sesiones a partir del 2008 en las cuales se estableció de manera aleatoria la revisión de los países, de las cuales se han realizado ya más de 140. Para el 2011, todos los países habrán estado en dicho proceso. La mecánica es la siguiente, el Estado en revisión presenta un informe y los países miembros del Consejo de Derechos Humanos tienen la oportunidad, en una breve intervención, llamado diálogo interactivo, de hacer recomendaciones. Al final se elabora un informe donde se compilan las recomendaciones e información que elabora la Troika.
Para que las organizaciones de la sociedad civil puedan tener la posibilidad de incidir en los mecanismos de derechos humanos en el sistema universal, hay que llegar a esta ciudad. Esto no es fácil y no sólo por la cuestión geográfica, el clima, o lo caro que es el franco, sino que hay que entender la estructura de Naciones Unidas, sus alcances, limitaciones y las relaciones económicas, comerciales y políticas de los países que forman parte.
Dentro del Consejo de Derechos Humanos creado en 2006 que nació con el objetivo principal de considerar las situaciones de violaciones de los derechos humanos, es que existe el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU). Este mecanismo tiene la encomienda de revisar la situación de los derechos humanos en los 192 Estados miembros de las Naciones Unidas cada cuatro años. Lo cual suena muy bien en el papel, pero la realidad es más compleja.
El EPU lleva 9 sesiones a partir del 2008 en las cuales se estableció de manera aleatoria la revisión de los países, de las cuales se han realizado ya más de 140. Para el 2011, todos los países habrán estado en dicho proceso. La mecánica es la siguiente, el Estado en revisión presenta un informe y los países miembros del Consejo de Derechos Humanos tienen la oportunidad, en una breve intervención, llamado diálogo interactivo, de hacer recomendaciones. Al final se elabora un informe donde se compilan las recomendaciones e información que elabora la Troika.
Las recomendaciones que hagan los países dentro de este espacio están sujetas a que el Estado en cuestión las acepte de buena fe. No hay nada que obligue a los países a cumplir estas recomendaciones. Además, el mecanismo no es un examen en cuestión de derechos humanos estrictamente dicho, las intervenciones de los países están supeditadas a las relaciones políticas y comerciales. Esto lo podemos constatar en la última sesión en donde Honduras y Estados Unidos tuvieron fueron evaluados por este mecanismo.
Durante la reciente sesión del EPU tuvimos la oportunidad de ver como un país como Honduras, recibió varias recomendaciones para investigar las violaciones durante el golpe de estado, investigar y sancionar violaciones a la libertad de expresión, fortalecer la independencia en sus órganos judiciales, y prevenir la violencia contra las mujeres, además de adoptar varios protocolos facultativos entre otras. Mientras que EUA, a pesar las recientes filtraciones que dio a conocer Wikileaks de los abusos, torturas y violaciones del ejército norteamericano durante la guerra en Irak, no recibió ninguna recomendación al respecto. Es en estos espacios donde se puede ver los diferentes criterios y estándares para cuestionar en materia de violaciones a los derechos humanos a los países, todos los países son iguales pero unos son más iguales que otros.
La participación de la sociedad civil se reduce a presentar informes ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que presenta en un resumen de 10 cuartillas, además de otro documento que compila la información de los mecanismos convencionales y los procedimientos especiales. Esto para que las delegaciones de los países tengan insumos para sus participaciones dentro del diálogo interactivo.
Aunque este sea el canal establecido para la sociedad civil, es indispensable hacer llegar información a las delegaciones con la intención de hacer recomendaciones a los países, cuestiones más específicas que ayuden a fortalecer al marco institucional y legal para el cumplimiento de las obligaciones de los países en materia de derechos humanos. Sin embargo, el papel de la Sociedad Civil no termina aquí. Es en el seguimiento de la instrumentación de dichas recomendaciones donde el EPU cobra su mayor valor. Y es en esta etapa donde el papel de la sociedad civil debe ser aún más incisivo, propositivo y constante.
La Sociedad Civil debe aproximar a la realidad a las delegaciones de los países que participan en el EPU, es una ventana de oportunidad que se debe de aprovechar haciendo un buen trabajo y de manera estratégica. Sólo así es que este tipo de mecanismos dejarán de ser espacios políticos, meramente diplomáticos, para convertirse en espacios regidos por consideraciones humanitarias en los que se busquen soluciones a las situaciones de abuso e injusticia en los diferentes países del mundo.
Durante la reciente sesión del EPU tuvimos la oportunidad de ver como un país como Honduras, recibió varias recomendaciones para investigar las violaciones durante el golpe de estado, investigar y sancionar violaciones a la libertad de expresión, fortalecer la independencia en sus órganos judiciales, y prevenir la violencia contra las mujeres, además de adoptar varios protocolos facultativos entre otras. Mientras que EUA, a pesar las recientes filtraciones que dio a conocer Wikileaks de los abusos, torturas y violaciones del ejército norteamericano durante la guerra en Irak, no recibió ninguna recomendación al respecto. Es en estos espacios donde se puede ver los diferentes criterios y estándares para cuestionar en materia de violaciones a los derechos humanos a los países, todos los países son iguales pero unos son más iguales que otros.
La participación de la sociedad civil se reduce a presentar informes ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que presenta en un resumen de 10 cuartillas, además de otro documento que compila la información de los mecanismos convencionales y los procedimientos especiales. Esto para que las delegaciones de los países tengan insumos para sus participaciones dentro del diálogo interactivo.
Aunque este sea el canal establecido para la sociedad civil, es indispensable hacer llegar información a las delegaciones con la intención de hacer recomendaciones a los países, cuestiones más específicas que ayuden a fortalecer al marco institucional y legal para el cumplimiento de las obligaciones de los países en materia de derechos humanos. Sin embargo, el papel de la Sociedad Civil no termina aquí. Es en el seguimiento de la instrumentación de dichas recomendaciones donde el EPU cobra su mayor valor. Y es en esta etapa donde el papel de la sociedad civil debe ser aún más incisivo, propositivo y constante.
La Sociedad Civil debe aproximar a la realidad a las delegaciones de los países que participan en el EPU, es una ventana de oportunidad que se debe de aprovechar haciendo un buen trabajo y de manera estratégica. Sólo así es que este tipo de mecanismos dejarán de ser espacios políticos, meramente diplomáticos, para convertirse en espacios regidos por consideraciones humanitarias en los que se busquen soluciones a las situaciones de abuso e injusticia en los diferentes países del mundo.
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